Yucatán combate la corrupción a través de un Gobierno abierto, transparente, que sabe rendir cuentas

Yucatán combate la corrupción a través de un Gobierno abierto, transparente, que sabe rendir cuentas
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María Dolores Fritz Sierra, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), encabezó la conmemoración del 20 aniversario de la Convención de Mérida, un tratado internacional contra la corrupción. En Mérida, Yucatán, destacó que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo y la democracia, por lo que la administración de Mauricio Vila Dosal apuesta por un gobierno abierto y transparente.

Fritz Sierra resaltó que Yucatán avanza en modernizar su sistema legal y de justicia para fortalecer el Estado de Derecho. Recordó que el estado es reconocido por su seguridad, baja incidencia delictiva y la confianza de la población en sus instituciones policiales y judiciales. Además, mencionó que Yucatán es uno de los estados con mayor rendición de cuentas en el país.

Durante el evento en el Centro Internacional de Congresos, también participaron representantes internacionales como la cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, y el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, Jorge Alberto Alatorre Flores. Ambos destacaron la importancia de la convención y el compromiso conjunto para combatir la corrupción, que afecta la economía y la confianza en los gobiernos.

Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, señaló que la corrupción desvía recursos, debilita el Estado de Derecho y fomenta la violencia, con un costo global de 2.6 billones de dólares. Por su parte, la cónsul Ngutter celebró la cooperación entre México y Estados Unidos para implementar la convención, recordando que el combate a la corrupción es una prioridad para el gobierno estadounidense.

Finalmente, Alatorre Flores destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción es clave para la participación ciudadana y el cumplimiento de los compromisos internacionales. La Convención de Mérida, adoptada en 2003 y vigente desde 2005, sigue siendo un instrumento fundamental para enfrentar la corrupción a nivel global y local.

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