Comité de Expertos pone en marcha intensas jornadas de trabajo para salvar al Isstey y garantizar pensiones
El Gobernador Mauricio Vila Dosal formó un Comité de Expertos para enfrentar la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey). Este grupo inició sus trabajos con reuniones intensas para analizar la situación y proponer soluciones que protejan tanto al Instituto como a los pensionados.
Los especialistas coincidieron en la urgencia de atender el problema para evitar la quiebra del Isstey, que afectaría las finanzas estatales y pondría en riesgo recursos destinados a áreas como salud, seguridad y educación. El comité entregará un reporte con sus recomendaciones, que será evaluado junto con los trabajadores para definir la mejor estrategia.
El equipo está integrado por economistas, contadores, abogados y actuarios reconocidos, quienes durante la primera sesión destacaron la gravedad del escenario. El actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal señaló que resolver esta problemática sería un legado importante para la administración actual.
Se destacó que Yucatán es uno de los dos estados que no ha reformado su sistema de pensiones, el cual tiene 46 años y enfrenta un déficit creciente. Según proyecciones, el Isstey solo podrá operar hasta 2026, y a partir de 2027 el gobierno deberá aportar más de 1,100 millones de pesos para cubrir pensiones, lo que afectaría otras áreas del presupuesto.
La administración actual ha pagado puntualmente sus cuotas y ha denunciado irregularidades de gestiones pasadas. Además, canceló pensiones indebidas a 10 exfuncionarios para evitar un gasto extra de más de 4.3 millones de pesos anuales.
También se implementaron medidas de austeridad en el Isstey, eliminando gastos innecesarios y optimizando recursos para asegurar que el dinero se destine exclusivamente al pago de pensiones y prestaciones, sin afectar la calidad del servicio.
En resumen, el Comité de Expertos trabaja para diseñar un plan que garantice la viabilidad del Isstey y proteja los derechos de los pensionados, mientras el gobierno estatal se compromete a tomar las decisiones necesarias para evitar un impacto negativo en las finanzas públicas y en la sociedad yucateca.
