La SCJN decidirá si el Congreso está en desacato por no haber aprobado el matrimonio gay
En Mérida, Yucatán, el 24 de febrero de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el Congreso de Yucatán está en desacato por no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta decisión surge tras un amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) en abril de 2019.
Desde 2015, la SCJN declaró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, señalando que los congresos locales deben modificar sus leyes. Sin embargo, 11 congresos locales, incluido el de Yucatán, no han ajustado sus códigos civiles y familiares. Por ello, las parejas del mismo sexo deben recurrir a un juicio de amparo para casarse, lo que implica tiempo y costos legales.
El Colectivo PTFY demandó al Congreso de Yucatán por incumplir la orden de la SCJN y los tratados internacionales de derechos humanos. Argumentan que obligar a las parejas a presentar amparos es discriminatorio y limita el acceso al matrimonio, especialmente para quienes no pueden pagar asesoría legal.
La Primera Sala de la SCJN, integrada por dos ministras y tres ministros, evaluará el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que sostiene que los congresos locales no pueden emitir normas discriminatorias ya declaradas inconstitucionales.
Kalycho Escoffié, del Colectivo PTFY, destacó que el proyecto reconoce que la norma discrimina a la comunidad LGBT al prohibir el matrimonio igualitario y enviar un mensaje de menor valía a estas uniones. Por su parte, Alex Orué, vocero del colectivo, señaló que el caso también trata sobre la obligación de los congresos de respetar la no discriminación en sus leyes.
Para conceder el amparo se requieren al menos tres votos de los cinco integrantes de la Primera Sala. Casos similares se han presentado en otras entidades, como Querétaro. El Colectivo PTFY hizo un llamado a las ministras y ministros para votar a favor del proyecto y reafirmar que los congresos no pueden limitar arbitrariamente los derechos constitucionales a la no discriminación.
