Opacidad, favoritismo y malos manejos amenazan el otorgamiento de créditos federales por el Covid-19
El 28 de abril de 2020, se denunció que el censo usado para otorgar créditos a microempresas familiares fue realizado por promotores de Morena sin una metodología pública, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. En Yucatán, el delegado federal y jefe de los Servidores de la Nación, Joaquín Díaz Mena, ha enfrentado quejas por presunta corrupción, pero no ha recibido cuestionamientos de grupos anticorrupción cercanos a su madrina política, Blanca Estrada Mora.
El gobierno federal planea entregar un millón de créditos de 25 mil pesos para microempresas afectadas por la pandemia, pero solo quienes estén en el Censo del Bienestar podrán acceder preferentemente. Este censo, levantado entre 2018 y 2019 por promotores de Morena, no ha hecho pública su metodología ni resultados, lo que genera sospechas de clientelismo y exclusión de quienes realmente necesitan apoyo.
Expertos como Máximo Jaramillo critican la falta de transparencia y señalan que esta opacidad puede favorecer usos electorales y familiares. Gabriel García Hernández, coordinador general de programas sociales y cercano a López Obrador, ha estado a cargo del censo y otros proyectos cuestionados por manejo de recursos y falta de claridad.
A pesar de que la Ley General de Transparencia exige que la información pública sobre beneficiarios y programas sea accesible, ni la Secretaría de Bienestar ni Presidencia han entregado datos sobre el censo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) busca establecer mesas de trabajo para garantizar la transparencia y proteger datos personales.
En conclusión, la falta de claridad en el censo y los criterios para otorgar los créditos pone en riesgo la equidad y la confianza en los programas sociales, mientras que la opacidad dificulta la fiscalización ciudadana y abre la puerta a sospechas de corrupción y favoritismo.
