El Isstey, una historia de corrupción y malas administraciones que ya toca fondo
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) enfrenta una crisis profunda que amenaza su viabilidad. Todo comenzó con un saqueo durante el gobierno de Ivonne Ortega, cuando se utilizaron los fondos de los trabajadores como “caja chica” y no se depositaron las cuotas correspondientes. Al terminar ese quinquenio, la deuda superaba los 2 mil millones de pesos.
Para cubrir ese adeudo, Rolando Zapata Bello creó un fideicomiso en 2014, pero dejó una deuda adicional de más de 173 millones de pesos. Además, se impulsó una “privatización silenciosa” que permitió a empresas financieras privadas ofrecer préstamos a los empleados estatales mediante descuentos en nómina, abriendo así un mercado lucrativo para estas compañías.
Con la llegada de Mauricio Vila Dosal en 2018, se implementó una política de austeridad y se propuso modificar la Ley de Seguridad Social para actualizarla y evitar la quiebra del Isstey, prevista para 2021 si no se actúa. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada y se sigue buscando alternativas para proteger las pensiones y jubilaciones.
El problema es que la ley vigente data de 1976 y no se ha ajustado a la realidad actual, donde la esperanza de vida en Yucatán pasó de 61 a 74 años. Junto con Chiapas y Nayarit, Yucatán es de los pocos estados que no ha modernizado su sistema de pensiones, poniendo en riesgo el futuro de los trabajadores y jubilados. Es urgente una transformación profunda para garantizar sus derechos y la estabilidad financiera del Instituto.
