El Congreso pretende imponer por 9 años más a un Magistrado corrupto
El magistrado César Antuña Aguilar, presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, enfrenta múltiples quejas por presuntas dilaciones en la emisión de laudos y tráfico de influencias. Se le acusa de beneficiar a funcionarios del gobierno anterior y recibir pagos para evitar el cumplimiento de sentencias laborales.
Antuña Aguilar fue propuesto en 2013 por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, con quien mantiene una amistad desde sus años en la Preparatoria Uno de la UADY. Desde entonces, ha sido señalado por proteger a alcaldes para evitar que paguen liquidaciones a trabajadores despedidos. Abogados han solicitado su destitución debido a que, a pesar de que los trabajadores ganan sus juicios, el magistrado retrasa los pagos y recibe compensaciones de los alcaldes para no cumplir con las sentencias.
En 2016, trabajadores del ayuntamiento de Tizimín protestaron frente al Tribunal exigiendo su renuncia, acusándolo de dilatar el pago de 10 millones de pesos a extrabajadores y de usar despachos externos para proteger a alcaldes. Además, se dice que su fuero lo hace prácticamente intocable ante denuncias por desacato y abuso de autoridad.
En julio de 2019, un grupo de abogados denunció que Antuña Aguilar emitió laudos que absuelven a autoridades del pago de pensiones a viudas de jubilados, incumpliendo lineamientos del Tribunal Colegiado. Lincoln Palma Rodríguez, denunciante, afirmó que el magistrado actúa de manera ilegal y parcial.
Pese a estas denuncias, el Congreso del Estado busca ratificarlo por nueve años más, en una maniobra que se cree impulsada por alcaldes y exalcaldes para proteger sus intereses. Se señala que esta ratificación rápida cuenta con el apoyo de amigos y excompañeros de Antuña Aguilar de la Preparatoria Uno, quienes ocuparon altos cargos en el gobierno de Rolando Zapata y el Poder Judicial. Entre ellos están Gabriel Zapata Bello, Víctor Caballero Durán, Marcos Celis Quintal, Ariel Aldecua Kuk y Celia María Rivas Rodríguez, todos vinculados a la política estudiantil y luego a la administración pública y judicial.
