El Congreso pretende imponer por 9 años más a un Magistrado corrupto
-Quejas contra el magistrado César Antuña Aguilar por dilación de laudos para beneficiar a funcionarios del gobierno anterior
-Lo acusan de tráfico de influencias y de haber recibido pagos de alcaldes para evitar que se cumplan las sentencias
-Detrás de la propuesta estarían sus amigos y excompañeros de la Prepa Uno, y que fueron altos funcionarios en el gobierno de Rolando Zapata y en el Poder Judicial
Mérida, Yucatán, 22 de agosto de 2019.- Por la vía del “fast track”, el Congreso del Estado quiere imponer por 9 años más al Magistrado César Antuña Aguilar, presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, a pesar de las múltiples quejas en su contra por no acatar fallos, dilatar sentencias y tráfico de influencias.
Antuña Aguilar llegó al Tribunal en 2013, propuesto por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, quien es su amigo desde los tiempos de estudios en la Preparatoria Uno de la UADY, y prácticamente desde el inicio de su gestión se ha visto envuelto en polémicas decisiones, como la protección de alcaldes para evitar el pago de liquidaciones a trabajadores despedidos.
De hecho, varios abogados han pedido su destitución pues a pesar de ganar sus juicios de tipo laboral, el magistrado Antuña Aguilar dilata el cumplimiento de las sentencias pues recibe pagos de los alcaldes y de los obligados con tal de no cumplir con lo que la ley y los juicios mandan.
Estas acciones totalmente corruptas se han puesto de manifiesto en múltiples manifestaciones de los afectados, pues ante la dilación de sus pagos se ven afectadas sus economías.
En 2016, un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Tizimín protestó ante el Tribunal exigiendo su renuncia y lo acusaron de proteger a los alcaldes en los procesos judiciales. En esa ocasión lo acusaron de que llevaba más de año y medio dilatando un pago de 10 millones de pesos a extrabajadores y evitando el embargo para garantizar dicho pago. Para lograr la protección de los alcaldes, en ese entonces el de Tizimín, utilizaba despachos externos de sus socios.
También se dijo que como Antuña Aguilar goza de fuero, no se le puede denunciar por desacato, por abuso de autoridad y por un “montón de irregularidades que hacen que se sienta intocable”.
Recientemente, en julio pasado, un grupo de abogados lo acusó de emitir laudos que absuelven a diversas autoridades del pago de pensiones a viudas, las cuales estuvieron casadas con jubilados y pensionados.
Lincoln Palma Rodríguez, quien presentó la denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dijo: “No obstante que tiene lineamientos del Tribunal Colegiado en los que se le ordena condenar el otorgamiento de dichas pensiones, el magistrado César Antuña no acata dichas disposiciones incurriendo en actos ilegales, parciales e injustos”
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El denunciante agregó que interpusieron la denuncia ante esa instancia porque es la autoridad encargada de vigilar y disciplinar las faltas de los magistrados.
Ahora, los diputados locales pretenden ratificarlo por 9 años más en su cargo, lo que muchos consideran como una maniobra impulsada por alcaldes y exalcaldes con el fin de protegerse aprovechando que hay un congreso afín a sus intereses.
También señalan que esa ratificación vía rápida y bajo mesa la empujan funcionarios, exfuncionarios y amigos del magistrado Antuña, con quienes compartió sus estudios en la Preparatoria Uno de la UADY, como el exgobernador Rolando Bello Zapata, a quien conoció y con quien colaboró cuando éste fue presidente de la sociedad de alumnos.
Otros amigos de la prepa de esa época son Gabriel Zapata Bello, hermano del exgobernador; el excandidato del PRI a la alcaldía meridana e involucrado en el cuantioso fraude de Crecicuentas, Víctor Caballero Durán; Marcos Celis Quintal, Ariel Aldecua Kuk y Celia María Rivas Rodríguez. Todos ellos estuvieron metidos en la política estudiantil como un unido grupo y luego ocuparon altos cargos en el gobierno de Rolando Zapata y en el Poder Judicial.
