Feminicida recibe sentencia de 40 años de prisión
Mérida, Yucatán, 25 de marzo de 2021 (Boletín).- El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Yucatán sentenció a una persona a 40 años de prisión después de que fue hallada penalmente responsable del delito de feminicidio agravado.
En audiencia de individualización de sanciones celebrada el día de hoy, los integrantes del Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, escucharon los alegatos de las partes correspondientes y después del desahogo de pruebas determinaron el grado de culpabilidad y las sanciones a imponer en el caso en particular, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Los Jueces que conforman el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento María del Socorro Tamayo Aranda quien fungió como presidenta en esta ocasión, Ileana Georgina Domínguez Zapata como jueza relatora y el juez Sergio Javier Marfil Gómez determinaron, con base en lo desahogado en la audiencia, imponer al hoy sentenciado, además de los 40 años de prisión una multa de 750 UMAs equivalente a la cantidad de $60,450.00 M.N.
Además, el Tribunal lo amonestó a efecto de no volver a reincidir, le suspendió sus derechos políticos; asimismo, al pago total de la reparación del daño por la cantidad $1,616,836.00 M.N.
La acusación objeto del juicio se basó en los siguientes hechos, expresados por los fiscales en la audiencia:
“El día 22 de agosto de 2018, entre las 17:30 y 18:30 horas, en un predio de un fraccionamiento de Kanasín, Yucatán, el hoy imputado privó de la vida por razones de género a su pareja sentimental; el cuerpo de la hoy víctima presentó signos de violencia sexual”.
El Tribunal informó a las partes que la audiencia de lectura y explicación de sentencia se llevará a cabo el 30 de marzo del presente.
Vinculado a proceso por abuso sexual
La Jueza de control del cuarto distrito judicial del sistema penal, Suemy del Rosario Lizama Sánchez, vinculó a proceso penal a una persona por el delito de abuso sexual, por hechos ocurridos en esta ciudad.
En la audiencia, realizada el día de hoy, los representantes de la Fiscalía Estatal imputaron al detenido los hechos y solicitaron la vinculación a proceso penal, que se llevó a cabo en la misma audiencia. Los hechos siguientes expuestos por los fiscales en la audiencia son los siguientes:
“Que el día 4 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, estando en un comercio de esta ciudad, el hoy imputado se acercó a la hoy víctima, entonces menor de edad, y ejecutó actos lascivos en su persona”.
La Juez de Control, Lizama Sánchez, otorgó el plazo de dos meses a los representantes de la Fiscalía para continuar con su investigación. En tanto, accedió a la imposición de las medidas cautelares consistentes en: firma ante el Centro de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; prohibición de salir estado; se prohíbe acercarse a la víctima, testigos y a sus domicilios.
Fallo condenatorio por robo calificado cometido con violencia
El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Yucatán dictó fallo condenatorio a una persona acusada del delito de robo calificado cometido con violencia, ocurrido en Chelem Puerto.
En audiencia celebrada ayer, los integrantes del Tribunal segundo de Enjuiciamiento, escucharon los alegatos de clausura de este juicio oral en el que las partes tuvieron oportunidad de demostrar su teoría del caso, desahogando ante el Tribunal sus respectivas pruebas a lo largo del desarrollo del juicio.
Los Jueces que conforman el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, Sergio Javier Marfil Gómez quien fungió como presidente en esta ocasión, María del Socorro Tamayo Aranda, como jueza relatora y la jueza tercera integrante Ileana Georgina Domínguez Zapata, apreciaron dichas pruebas, peritajes y testimonios durante el juicio y el día de hoy arribaron a un fallo condenatorio.
Después de emitir el fallo, el presidente del Tribunal Segundo de Enjuiciamiento citó a las partes para el próximo 30 de marzo, día en el que se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones, con el fin de desahogar pruebas con las que el Tribunal pueda ubicar, acorde con lo establecido en ley, las penas a imponer en el caso concreto.
La acusación objeto del juicio se basa en la siguiente teoría del caso expresada por los fiscales en la audiencia:
“Que el día 8 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 17:13 horas, el hoy denunciante se encontraba en el patio frontal de un predio ubicado en Chelem Puerto de Progreso, Yucatán, cuando el hoy acusado, con un cuchillo y en compañía de otra persona, ingresó al predio sin autorización, amagó al denunciante, lo arrastró al interior del predio y dentro del mismo lo amarró junto con una segunda víctima del delito para apoderarse de la cantidad de 60,000.00 M.N. que se encontraba en una caja fuerte, así como de una cartera que en su interior contenía $3,000.M.N. y diversos objetos, entre ellos dos celulares, dos tarjetas de débito y un anillo de oro, propiedad de las víctimas”.
Sentenciado por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
El Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Luis Armando Mendoza Casanova, sentenció a dos años y seis meses de prisión a una persona por medio de un procedimiento abreviado, por su responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
A solicitud de los fiscales, el juzgador impuso al acusado dicha pena privativa de libertad y también amonestación pública; la suspensión de sus derechos políticos y el pago la reparación del daño a la víctima por la cantidad de $74,000.00 M.N.
El Juez de Control Mendoza Casanova corroboró que se cumplieron los requisitos que la ley exige para llevar a cabo el procedimiento abreviado y que los datos de prueba que presentó la Fiscalía fueron suficientes, útiles y pertinentes para determinar un fallo condenatorio
La acusación expuesta por los representantes de la Fiscalía Estatal en la audiencia realizada ayer fue la siguiente:
“Que el hoy acusado, derivado de una diligencia de jurisdicción voluntaria que fue aprobada por un juez familiar, dejó de cumplir con su obligación alimentaria con su hijo menor de edad desde junio de 2016”.
